David Martínez Téllez
El objetivo para aplicar la fuerza
pública contra el magisterio no ha cambiado. Lo que está mutando es la
estrategia.
Diversos sectores se están
manifestando a favor de un desalojo cuyo origen se encuentra en las protestas
magisteriales.
La disyuntiva es: pacífica o
violenta. La tercera opción la han implementado algunos diputados a través de
la aplicación de la ley, principalmente porque entraron de manera impulsiva a
una reunión en un recinto alterno y además porque de forma iracunda (portando
palos) retuvieron a 6 diputados locales.
De esa efusiva detención, los
maestros, obtuvieron la firma de un debate a celebrarse en el Zócalo de
Chilpancingo bajo el tema de la reforma educativa.
Los legisladores no acudieron a
dicha controversia porque fue obligada y en respuesta se ha interpuesto una
demanda ante quien resulte responsable. Dicha acción jurídica no ha sido
consensada entre los diputados, pero algunos de ellos la reivindican sólo porque
utilizaron métodos violentos.
El Estado le otorga al gobierno la
facultad legal del uso de la fuerza con la finalidad de conservar la paz y tranquilidad
de una comunidad.
Los maestros con sus movilizaciones
la han perturbado. Se percibe un secuestro de las actividades en la capital.
Se puede localizar que la demanda de
los maestros no es por quitar la evaluación, sino por impedir que del resultado
de ese examen, les cancelen el empleo. Al parecer piden una segunda o tercera
oportunidad, para reivindicarse. Sin embargo, la iniciativa ha sido votada y
aprobada por el Congreso Federal.
Es decir, que el conflicto no es
legal sino político. En otras palabras, el magisterio muestra su músculo
paralizando actividades de diversa índole ante una postura legal.
Desde la visión de un abogado
debería aplicarse la ley y punto. La perspectiva política se inclina por el
diálogo, la negociación, lo cual obliga a rebasar lo jurídico.
Las advertencias o amenazas de
perder el semestre o de no cubrirles su quincena hasta las demandas jurídicas contra
los maestros son métodos para intentar resquebrajar un movimiento. Al parecer
no funcionaron.
Cuando el gobierno anunció que no
podía cubrir salarios no solamente de los maestros sino de la mayoría de las
instituciones, el odio contra los maestros se patentizó. Además la actividad
económica de otros sectores se iba a ver afectada.
Aquel sentimiento de cierta
solidaridad a favor de los profesores se estaba mutando hacia rencor. Para
acrecentar la animadversión se utilizó a algunos medios de comunicación, con
mayor énfasis los electrónicos.
El ambiente se estaba propiciando
para el uso de la fuerza pública. La sociedad se había colocado en el hartazgo
contra los docentes.
Si dejaba de pagar el gobierno
salarios a la gran mayoría de su población (burócratas) se podía vislumbrar el
escenario de un enfrentamiento entre sociedad y magisterio. También los
comerciantes se iban a molestar.
Primero sería un intercambio verbal
y luego exacerbado el ambiente podría caerse en provocaciones y después en
choques físicos. A nadie le convenía esta situación. Y menos al gobierno.
Cambiaron la estrategia, pero no el
objetivo. Van a pagar las quincenas para que se ofrezca el mensaje de un
gobierno indulgente. Con esa acción gana legitimidad el gobierno y pierde el
magisterio porque se lleva en mente que triunfaron y fueron capaces de
doblegarlo, pero estará el consciente colectivo a favor de quienes gobiernan
porque han platicado con líderes magisteriales y éstos han contestado con
métodos con tientes violentos: cierre de avenidas y toma de edificios.
El mensaje que recibe la sociedad
es de un gobierno benévolo, pero no frente a un magisterio, sino hacia los
otros sectores que van a presionar para que se utilice la fuerza pública contra
los maestros.
Al parecer todavía no están maduras
las condiciones, pero se están creando. Apunto otro dato de la intransigencia
magisterial: pedían una entrevista con el gobernador. Ya se realizó y ahora
exigen más. La imagen social que recibimos es de voracidad de los líderes
magisteriales. Por lo tanto, que se aplique la ley y que el gobierno haga uso
de lo que la Constitución le faculta.
El sector educativo tiene que ser
sometido a constantes evaluaciones. Desde hace una década, por ejemplo, los
médicos generales y también los especialistas, cada dos años se someten a
criterios de evaluación. De no aprobarse les retiran sus licencias. El caso más
conocido es el de cirujanos plásticos.
Los colegios de ingenierios y
arquitectos realizan actividades similares para actualizar a sus miembros y que
sean profesionales.
Los maestros preparan el futuro de
un país, es en ese sentido que se requiere que constantemente sean evaluados.
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