En estos últimos días la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) ha ofrecido información del gasto de recursos
en diferentes instituciones y gobiernos estatales.
La autonomía de la ASF se establece en
1999. Y decenas de años anteriores (más de 100) ya se encontraba legislado que
diversas instituciones tenían la obligación de revisar el gasto del gobierno
federal y estatales.
El encargo era revisar y denunciar pero
no castigar, porque esas dependencias habían sido creadas por el poder
legislativo. Esta institución era, con mayor acendramiento, un apéndice del
gobierno federal y con mayor énfasis en la mayor parte del siglo pasado.
Hasta que hubo visos de alternancia en el
poder ejecutivo federal es que (¡qué coincidencia!) se crea, con autonomía, la
Auditoría Superior de la Federación, quien ahora sí está dando resultados de
las fechorías de muchos gobiernos estatales y de instituciones federales.
Subrayo el año de creación porque en la
era priista estuvo marcada por la impunidad. Al arribo de un gobierno de otro
partido en la conducción del país ahora se le podían fincar responsabilidades
por uso indebido del erario.
No eran castigos ejemplares, pero quedaba
exhibido ante la opinión pública como un ladrón.
Algunos sectores académicos y políticos exigen
que la ASF debe tener otras o más facultades para no quedarse en denuncias
públicas, sino con las pruebas que ha recaudado llevar el caso ante tribunales
judiciales.
Me parece que aunque le otorguen facultades
a ASF el problema de “castigo” a los delincuentes políticos por uso indebido
del erario no va culminar porque estos asuntos se resuelven políticamente.
La comprobación de la anterior hipótesis
la observaremos en el tema Guerrero con el ex gobernador, Rogelio Ortega
Martínez. Es decir, lo salvarán. A pesar de que haya cometido, de acuerdo a una
versión periodística, un desvío ‘justificado’ de dinero etiquetado.
Palabras más frase menos el ex gobernador
dijo que de acuerdo a la norma no debió tocar el recurso, pero lo hizo con el
argumento de que tenía que amainar el descontento social, tuvo que pagar
salarios. Porque ese era su objetivo: evitar conflictos.
Para los juristas ese desvío de dinero (se
comenta que es de 4 mil millones de pesos) es un delito. Para la política fue
una decisión que, incluso, pudo haber estado aprobada por otras instancias.
Desde una visión política tiene mayor
peso el acuerdo de las cúpulas que la observancia legal.
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