El nuevo sistema de justicia en todo el país tiene un término. No es a capricho de las autoridades políticas o jurídicas, ya sean federales o estatales y éste debe aplicarse en junio de 2016. No hay prórroga.
Es en ese sentido que la magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, puso en marcha la semana pasada el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal en el municipio de Tlapa de Comonfort, el cual comprende los distritos judiciales de Morelos y Zaragoza, mismos que a su vez integran la región de La Montaña.
Acompañada de los magistrados y consejeros que integran al poder Judicial, Galeana Marín destacó que el camino no ha sido sencillo para cumplir el mandato constitucional y continuar con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Guerrero, ya que en la entidad se vive en las limitaciones presupuestales y financieras que privan en el poder Judicial y en nuestra propia entidad federativa.
Lo que anima a los servidores de la impartición de justicia, dijo Galeana Marín, es el esfuerzo inquebrantable de todos los trabajadores judiciales de servir a la sociedad guerrerense, para que el nuevo esquema de impartición de justicia penal para la población que habita en los distritos judiciales de esta región considerada una de las más pobres de México y América Latina y, por consiguiente, es necesario subraya una de las que más apoyo necesita.
Lambertina Galeana en ese discurso de Tlapa se refirió no solamente a la impartición de justicia que debe ser pronta, imparcial y expedita, sino también al contexto social en que vivimos. Concretamente dijo: “En los últimos meses se han vivido momentos muy difíciles como el complicado escenario económico, el entorno de crispación y tensión sociales originadas por diversos factores y, principalmente, la inseguridad son algunas de las circunstancias que han marcado nuestro tiempo”.
A pesar de las dificultades económicos, sociales y políticas los servidores sociales de la impartición de justicia junto con el gobierno del estado, la Fiscalía General, la secretaría de Seguridad Pública, así como el poder Judicial y Defensoría Pública, están dando muestras claras de que a pesar de las dificultades económicas y presupuestales, podemos con unión, trabajo y apoyo de la Federación, cumplir con los mandatos supremos que han sido diseñados para el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de todos los mexicanos”.
Las actuales autoridades del poder judicial ponen su grano de arena para obtener una mejor convivencia social.
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