Cómo evitar laudos laborales en Guerrero

Héctor Apreza Patrón, secretario de finanzas del gobierno del Estado de Guerrero, declaró que diversos empleados del gobierno han establecido demandas laborales, las cuales dan un total de 2 mil millones de pesos. Cantidad exorbitante que daña aún más los recursos.

Esta situación de demandas laborales ha existido desde que tiempos inmemoriales.

Incluso el PRI como institución empleadora ha sido demandada por sus militantes y los fallos han sido en detrimento de ese partido.

Hace algunos años tuve la oportunidad de acercarme al desempeño de David Guzmán Maldonado, mejor conocido como el 80, cuando tuvo la oportunidad de dirigir el Colegio de Bachilleres. El gobernador, sino mal recuerdo, era Ángel Aguirre Rivero.

Uno de los problemas que enfrentó con los empleados de confianza era precisamente su terminación laboral.

Se supone que cuando concluye una administración el personal que labora con el director en turno debe entregar tanto la plaza como el equipo que es de la institución.

Entendía que por ser del mismo partido político los asuntos se arreglaban bajo un acuerdo que evitaba una demanda laboral.

Así no era y así no es. Los empleados, de cualquier nivel, demandan a la institución porque tienen ese derecho, según las leyes.

Los empleados de confianza exigían sus derechos y entonces entendí que no eran militantes de un partido, sino personas que venían a medrar con el erario público.

En una ocasión alcancé a escuchar a uno de esos demandantes que le decía a Guzmán Maldonado: “no sé porque no nos das el dinero, que ni siquiera es tuyo”. Y efectivamente no pertenece a los funcionarios, pero sí es de los ciudadanos porque lo cubren con impuestos.

La presión que ejercen o ejercieron esos priistas fue a través de un cierre de las oficinas centrales. Total se cubrieron los adeudos a que tenían derecho con plazos. Era tanto el dinero que no alcanzaba a pagarse en una sola emisión.

La experiencia fue desagradable pero aleccionadora.

Desde ese momento Guzmán Maldonado suscribió con sus empleados de confianza un contrato donde explícitamente se escribía que en cuanto culminaba la actual administración también terminaba cualquier relación laboral.

Al concluir Guzmán Maldonado como director general del Bachilleres casi todos los trabajadores de confianza buscaron donde acomodarse y quien llegó ya no tuvo problemas de demandas laborales.

Los contratos de empleo no especifican fecha de terminación y tampoco detallan que después no podrán demandar, bajo ninguna circunstancia, a la institución que le dio la oportunidad de trabajar.

Dirá un abogado laboral que es un derecho. Y si tendrá razón; pero si se compara la liquidación que les dan a los empleados de confianza con los de base, resulta abismal. Ya no se diga el salario. Por éste último es que debería reglamentarse que ya no tengan ese derecho, pues ganan un dineral.