Con el terrible asesinato de tres dirigentes, entre ellos el
de Arturo Cardona, ex secretario de Derechos Humanos de la dirigencia estatal del
Partido de la Revolución Democrática, pone en una situación delicada, nuevamente,
al gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Aquí no se trata de responsabilizar al poder ejecutivo de
esos crímenes. Sí lo es, políticamente hablando, por la investidura misma del
cargo. Por ser el responsable de la conducción de la entidad y porque le
corresponde ofrecer seguridad a sus pobladores. En ese sentido sí adquiere un
señalamiento.
Pero es seguro que habrá quien le finque otro tipo de
responsabilidad más directa. Tal y como se lo señalaron y, todavía se lo
señalan al ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo con el asesinato de
Armando Chavarría Barrera. Casi se asegura que fue el autor intelectual, ni
siquiera probable, sino se sostiene con seguridad. Como habrá algunos “analistas”
que ahora digan lo mismo del actual gobernador de los acontecimientos de 3 de
los ocho desaparecidos perredistas que aparecieron asesinados.
Lo más sensato es que se abra una investigación profunda y
profesional. Se dice en los reportes de
la prensa que de inmediato la policía ministerial protegió el lugar de los
hechos. Porque si se compara con la desaparición de Chavarría, aquí lo he dicho
de manera reiterada, hubo manipulación en la escena del crimen. Y ese manejo
llevó a desviar el objetivo de la pesquisa.
En cuanto a la historia política mexicana en relación con ese
tipo de acontecimientos (crímenes) y sus consecuencias se sostiene que siempre
existe opacidad porque son sucesos de estado. Es decir, se lastiman muchos
intereses.
En el caso de los perredistas desaparecidos y luego (algunos
de ellos encontrados asesinados) originarios de Iguala, llama la atención que sean
otros militantes de ese partido que señalen al presidente municipal de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez como responsable. Y es extraño porque pertenecen al
mismo partido.
La anterior situación lleva a la hipótesis, en caso de que
fuera ajustes de cuenta entre ellos, que el poder envilece, porque hace unos
meses asesinaron el regidor del municipio de Iguala, Justino Carbajal Salgado,
sobrino del “famoso político” Félix Salgado Macedonio y también, por lo menos
los familiares, señalan al mismo presidente municipal.
También asoma otra hipótesis en donde la gente del crimen se
encuentra presionando a los que toman decisiones.
Lo que no se puede soslayar es que casi toda la población se
encuentra vulnerable. Que la inseguridad ha incursionado en otra forma
cultural. En esa que se ha encasillado en hábitos y maneras de ser. Donde matan
por 300 pesos.
Creo que no se necesitan más soldados o policías, sino
mayores oportunidades de empleo. Nuestros jóvenes se están formando y miles de
ellos, con la esperanza de un mayor grado de estudios, tienen puesta la
esperanza en conseguir un trabajo digno y bien remunerado. Sin embargo, el
gobierno no está creando la cantidad de empleos que requiere la sociedad.
De no encontrar esas expectativas, perdóneme usted, a esos
jóvenes talentosos les entra a la desesperación y, en ocasiones, cometen,
literalmente, locuras.
Así que si alguna responsabilidad directa tiene el gobierno,
de cualquier nivel, es porque no ofrece empleo, excelente educación, salud,
como tampoco salarios decorosos. Aquí es donde debemos exigir que nuestras
autoridades se aboquen a trabajar para los rubros arriba señalados para evitar
conflictos sociales. Por supuesto que la desaparición y/o muerte de personas
que realizan actividades políticas es un hecho condenable, pero también
calificaría de crimen que el gobierno no satisfaga las necesidades de nuestros
jóvenes y futuros administradores del país. revistaa@yahoo.com
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