Tanto autodefensas como policías comunitarias podrían caminar en el mismo sentido, siempre y cuando las demandas por seguridad sean legítimas ya que en ello va que no sean grupos paramilitares creados por narcotráfico, empresas o el propio gobierno como se percibió con gobiernos anteriores y su relación con la UPOEG.
Haciendo a un lado lo anterior la autodefensa puede convertirse en una policía comunitaria cuando no sólo se detienen a los delincuentes, sino que se forma un proceso de justicia y además se busca la resolución de los conflictos que el Estado ha dejado de lado en su modelo de combate a la delincuencia y con mayor énfasis en la delincuencia organizada.
Una reivindicación de la policía comunitaria es que busca, además de tranquilidad, un desarrollo económico, cultural, político y cuya consecuencia será un bienestar social.
Y esto es precisamente lo que persigue Sergio Meléndez Fuentes dirigente de la organización social Sentimientos del Sur (Novedades Chilpancingo 18/11/2015) ya que los indígenas saben de las múltiples problemáticas que atraviesa el estado en cuanto a violencia, corrupción y desigualdad social, y, que no han podido impedir las autoridades estatales.
El dirigente de esta organización exige el retiro del ejército de las comunidades guerrerenses y continuar los proyectos de las policías comunitarias en defensa de los pueblos, “ya que son la única autoridad que vela por el beneficio de los pueblos, y en cambio el ejército su único propósito es desarmarnos”.
Es un secreto en voz alta el contubernio entre algunos altos mandos de la fuerza del orden provenientes del gobierno. Así como de unos servidores públicos en la seguridad. Pero el papel que está jugando el ejército es sólo de desarme de las autodefensas o de las policías comunitarias.
Es en ese sentido que se justifica que los indígenas se defiendan. Pero su defensa va más allá de su seguridad familiar, también desean obtener alguna ganancia del lugar donde residen, como son los proyectos de extracción de recursos naturales gracias a las concesiones otorgada por el gobierno mexicano.
Los principales conflictos se han dado por presas, eólicas y minas a cielo abierto. Todas estas inversiones son ejemplos de acumulación por desposesión, pues se les paga muy poco a las comunidades por sus tierras, se privatiza en automático territorio que era parte de una cultura.
Dichos procesos afectan al territorio y muchas poblaciones han alzado la voz para defender su territorio, pues sufren afectaciones que va desde salud hasta económicas (hablan de dar empleos, pero lo que pagan es una miseria en comparación con lo que se llevan y ganan). Podríamos hablar incluso de un nuevo proceso colonial pues se afectan intereses, dinámicas y pensamientos de la gente, inclusive llegando a dividir comunidades por un proyecto de este tipo.
Cuando participan los militares, desgraciadamente, algunos soldados con esa justificación de la lucha contra el narco han generado una constante violación de derechos humanos. No sólo por detenciones arbitrarias o cateos ilegales, sino hasta por asesinatos por parte del brazo armado del Estado. La respuesta del gobierno federal ha sido contraria, pues no sólo no reconoce su responsabilidad, sino que niega la existencia de violación de derechos humanos.
La movilización de los pueblos indígenas, por ejemplo, ha generado la búsqueda de identidad porque en su defensa no crearon esos proyectos de seguridad de la nada, existen antecedentes. Los pueblos indígenas cuentan las guardias tradicionales. Figuras que fueron creadas ante los agravios de los conquistadores con el fin de proteger a la comunidad, no se ha limitado sólo a los individuos.
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