Ayotzinapa

La protesta forma parte de la actividad política. Los mítines, concentraciones de personas o reuniones públicas y la toma de calles son manifestaciones de descontento. Algunas personas se han organizado para defender sus derechos.

La Constitución o como dicen los abogados las leyes permiten esas actividades porque “la forma jurídica regula una convivencia civilizada”. La aspiración de la norma legal es que exista la equidad entre los sectores sociales.

La misma Constitución establece que cuando se perciba que un grupo o sector abusa de las atribuciones que le conceden las leyes le corresponde a la autoridad el uso de la fuerza pública. Otros países establecen en sus constituciones similares preceptos jurídicos para un desarrollo social.

Por ejemplo, estamos presenciando en Venezuela como el gobierno de Nicolás Maduro utilizó al ejército frente a una manifestación. Consecuencia de esa refriega dos muertos. Maduro se le considera un gobierno de izquierda e hizo uso de lo que sus leyes le conceden.

En Guerrero, de acuerdo a reportes de agencias periodísticas estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa incendiaron un vehículo de una empresa privada conocida con el nombre de Coppel, la cual vende o transporta diferentes artículos para el hogar.

El descontento, según los reportes, es a consecuencia de que padres de familia de los 43 fueron reprimidos en la ciudad de México. Asunto, evidentemente reprobable. Sin embargo, considero que la protesta debió realizarse en aquella ciudad porque el responsable fue otro gobierno. Y no necesariamente con actos de corte terrorista. Aunque cada quien tiene sus propios métodos de lucha, y ésta en particular no comparto. Y tampoco está permitida por las leyes.

El asunto de la quema de un vehículo en un ambiente “raro o convulso” sólo alimenta más violencia en la situación que atravesamos. Incluso se puede leer, políticamente, que son pretensiones de otro nivel.

O, incluso, surge otra duda ¿no estarán utilizando, otra vez, a los neo ayotzinapos?