Héctor Vicario, diputado incómodo

Como ya se ha difundido la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó  que inhabilitaba por 10 años a Héctor Vicario Castrejón por malos manejos durante su gestión al frente de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mejor conocida por sus siglas de SEDATU, para ayudar a los damnificados de los fenómenos Ingrid y Manuel.

A tragar gordo, dirían algunos políticos.

Y es que la ASF tiene varias facultades de acuerdo a las leyes que se aprobaron en el poder legislativo federal. Sólo menciono dos: investiga y castiga.

Reitero, las resoluciones no son recomendaciones, sino determinaciones.

Aquí copio el párrafo de introducción de la misma institución: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

De las principales encargos y objetivos de la ASF es: “Fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones”.

Por lo tanto, no se puede escribir de una supuesta anomalía; sino de un hecho consumado. Vamos, de un delito. En ese sentido la conclusión es determinante: 10 años inhabilitado.

Cabe, por supuesto, la defensa que desee realizar el diputado Héctor Vicario Castrejón. Sin embargo, el procedimiento de la Auditoría es que primero llama a quien se le imputan irregularidades para que tenga la oportunidad de solventarlas.

La ley prevé que existen tiempos para que la institución recibas las aclaraciones pertinentes y si no se cumple con las fechas se da por sentado que hubo fraude o desvío de recursos, según sea el caso.

La resolución de la ASF no podría tomarse como una acción política, porque es un órgano técnico aprobado por todos los partidos políticos y lo que busca en esencia es el buen manejo de los recursos públicos.

Va a ser interesante conocer cómo se va a conducir el Congreso local, ya que el diputado Vicario ostenta fuero. En estos casos ya se ha pronunciado el diputado Ricardo Mejía Berdeja de quitar el fuero para evitar defender u ocultar a corruptos.

Cabe la interpretación de que sea inhabilitado para futuro y no por su pasado. Es decir, que no se le puede castigar por el cargo que representa. Pero la imagen “sucia” molesta no sólo al diputado, sino a su partido y al Congreso de Guerrero.