Regresemos un poquito la película.11 de abril. La televisión
en directo nos transmite cómo la policía federal repliega a cientos de maestros,
quienes armados con palos y tubos intentan “defenderse” de los uniformados. El
lugar la autopista del Sol. Más de 4 horas estuvieron varados otros cientos de
turistas.
Casi una semana antes los mismos maestros en el mismísimo
lugar retuvieron a paseantes 9 horas. Especifico el sitio porque le corresponde
al gobierno federal actuar para hacer prevalecer el libre tránsito.
El repliegue o desalojo fue de manera impecable ese 11 del
04. Millones de personas vimos cómo la fuerza física de los policía federales
cubriéndose con sus escudos de plástico, sólo empujaban a los (porqué no)
enardecidos maestros, quienes con sendos palos y tubos golpeaban la valla
humana de color azul.
La tomas de los camarógrafos retrataron cómo los maestros
arrancaban de los pilotes de concretos los tubos que sostienen la valla de
plástico que sirve de protección para que no deslumbren las luces altas de los
autos en sentido contrario. Esta acción es un delito federal.
O más bien dicho son dos delitos. Destruir obras del
gobierno federal y obstruir el libre tránsito. Y no se hizo nada porque se
consideró una protesta política.
No sé si los mismos maestros u otros diferentes rompieron
los vidrios de la Biblioteca del Congreso del Estado. Hasta en dos ocasiones.
Aquí se levantaron las denuncias por algunos diputados. Otros, como Héctor
Astudillo Flores, consideró que había
que darles un tratamiento político. Alentó a un diálogo y quiso alejar la
posibilidad de una demanda jurídica, porque “eso sólo alimenta el rencor”,
dijo.
Hasta aquí he escrito una crónica de las respuestas de dos
niveles de gobierno (federal y estatal) y de dos poderes (ejecutivo estatal y
legislativo estatal) ante el desenvolvimiento de la inconformidad magisterial.
Ha prevalecido el tratamiento político. Efectivamente se han levantado las
denuncias en contra de los dirigentes, pero se han detenido porque gobierno
estatal y magisterio se han reunido para entablar negociaciones. Confirma el gobernador,
en entrevista con Carlos Puig, han sido 9 ocasiones. No se olvide que también
ha intervenido el gobierno federal, a través del subsecretario de gobernación,
Luis Enrique Miranda Nava. Desde la visión jurídica se han tolerado las
actitudes magisteriales contrarias a la legalidad. Hasta antes del miércoles 24
de abril, todos (incluido el poder legislativo federal) le estaba apostando a
una salida política.
Es decir, no se había hecho valer la norma, a pesar de que
sectores sociales locales han exigido se aplique en estricto sentido la ley. Un
simple castigo para quienes la infringen.
Pero como estamos hablando de política y aquí no existen
amigos sino intereses; ahora, luego de los desmanes de ese 24 abril de 2013 se
ha comenzado a escuchar falta de autoridad e ingobernabilidad. Es decir, es el
momento de culpar al responsable de gobernar, porque carece de autoridad.
Los maestros ya no se manifestaron en territorio del
gobierno federal. Sino que lo hicieron en áreas que le corresponden al gobierno
local y hasta municipal. Y además, le subieron de tono a sus protestas. Fueron
directamente contra los edificios de partidos políticos: saquearon e
incendiaron. Testigos presenciales de ese despliegue magisterial indica que ni
siquiera eran 300 profesores y tal vez unos 50 estaban fúricos y eran los que
portaban tubos y hachas y palos. El resto del contingente de los maestros
observaba los desmanes. Algunos atónitos y otros incrédulos.
La mayoría reprobó el método, o sea la violencia, pero no la
lucha que puede ser justa. Las consecuencias de la barbarie magisterial son: pierde
credibilidad y hasta legitimidad el movimiento magisterial, y ganan terreno los
adversarios políticos del gobernador, porque no ejerció su autoridad.
Ya no sólo lo cuestiona el coordinador de los diputados,
Manlio Fabio Beltrones, sino también el ex adversario político y su primo, Manuel
Añorve. A ese tema de la ingobernabilidad, se suma el presidente nacional del
PRD, Jesús Zambrano. También el presidente de la mesa directiva del PAN,
Ernesto Cordero. Hasta el jueves por la noche, en la convención bancaria, el
presidente apoya al gobernador y, entonces inclina la balanza a favor del
mandatario estatal.
Puede rodar la cabeza de Aguirre. Sí, en condiciones de
desventaja política, puede suceder. Son tres partidos los que coinciden y que
si llegaran a sumarse en el poder senatorial y legislativo federal, podrían
pronunciarse por la desaparición de poderes. Ya le ganaron en el poder
legislativo al presidente con un exhorto a que presente su declaración
patrimonial. Es decir, políticamente existe un empate entre los grupos priistas
para tirar al gobernador de Guerrero. Y para que se vea que Ángel Aguirre no
sólo cuenta con el apoyo de quien encabeza el gobierno federal sino también de
aliado con el gobierno norteamericano (hoy sábado 27 de abril) circula una
fotografía del gobernante estatal con el embajador de Estados Unidos.
Quiero hacer énfasis en mi hipótesis. Un gobierno es
derrocado por la clase política y no por movimientos sociales. Y aquí se
observa ese fenómeno. Para un servidor el movimiento magisterial ha perdido
fuerza por su método de lucha y el trato político acordado (basad o en la
negociación) con dos niveles de gobierno, y ahora con la evidencia del uso de
la violencia puede verse como método para intentar desestabilizar a un
gobernador. Es decir, que se den acontecimientos trágicos. Es irónico ¿no? Pero
así funcionan los grupos que hacen política.
Y para que la izquierda, ya sea del PRD o de Morena no eche
raíces y se aproveche de esta confusión; ahora resulta que ésta última es la
que se dice financió a los maestros.
Conclusión. Por el momento gana el PRI. Podría tirar a un
gobernador de “izquierda”, el PRD sale lastimado porque ésta parte furiosa de
los maestros se les ha identificado con ellos y le dan un raspada a Morena
porque le atribuyen los métodos violentos y el financiamiento.
revistaa@yahoo.com
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